El sector inmobiliario carga contra la medida de vivienda social

Los promotores residenciales aseguran que la ley, que obliga a dedicar un 30% de los nuevos inmuebles a pisos públicos, encarecerá los precios de venta. Oposición en bloque a las medidas regulatorias de las administraciones públicas y, más concretamente, a la nueva obligación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de destinar un 30% de todas las promociones residenciales a vivienda social. El sector inmobiliario coincide en que se necesita más vivienda asequible pero asegura que la imposición reducirá la oferta y, en consecuencia, encarecerá la vivienda libre.